El objetivo básico de esta Ley es la concreción práctica de los derechos a la información, al consentimiento informado y al acceso a la documentación clínica de los ciudadanos, recogiendo la filosofía del reconocimiento amplio del principio de la autonomía del paciente. Asume también todas las indicaciones del Convenio respecto a los derechos humanos y a la biomedicina hechas por el Consejo de Europa en 1997, ratificadas por el Estado español en el año 2000.