RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIONES PUBLICAS

En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del régimen jurídico vigente por un importante sector de la doctrina, cada días más extenso.



Al establecer la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 la obligación de indemnizar toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se instauró un sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública sin parangón en el Derecho comparado, que fue objeto de los elogios de la mejor doctrina y fue modelo en el que se inspiraron otras leyes, como la reciente Ley Federal mejicana de Responsabilidad patrimonial del Estado, publicada en el Diario Oficial del último día de 2004.





La jurisprudencia ha sido en general prudente, resistiéndose a admitir la responsabilidad por funcionamiento normal de los servicios, si bien, ante los categóricos términos de la Ley, no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos, aunque con elogiable prudencia. A pesar de todo, son tan gravosas las consecuencias para las Haciendas públicas de la aplicación del sistema, que se ha extendido la preocupación y multiplicado los trabajos ya de por sí numerosos sobre tan apasionante tema.





En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta donde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.





Esta obra, que ahora alcanza su cuarta edición, ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea.





Desde 2004, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.





También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. Se ha contrastado las opiniones en ellas mantenidas con las de la obra, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.





Como en ediciones anteriores, cierran la obra unos completos índices sistemáticos de las disposiciones legales, de sentencias -del TC, y de la Sala de lo civil, de lo penal y de lo contencioso-administrativo-, así como de autores citados, para terminar con el índice analítico, notablemente aumentado.