Las Administraciones Públicas disponen de
grandes medios informáticos y telemáticos
pero más bien se dirigen a acumular
información que a facilitar esa
comunicación.
Como primera necesidad se expresa una
vez más la obligación que tiene la
Administración de resolver de forma
expresa y en plazo las peticiones que los
ciudadanos le formulen. Su incumplimiento,
por deseo o por olvido, destruye esa
relación; lo lleva a la desconfianza y a la
confusión.
Son muchas e importantes las reformas
estructurales realizadas por aquellos
Entes para facilitar la presentación de
documentos y para comunicar sus
registros; sin embargo, faltan los medios de
canalización de la información recíproca
?orientada al ciudadano? y los
instrumentos de responsabilidad por no
prestarse la cooperación necesaria y la
asistencia recíproca.
Es necesario justificar aún, a principios
del siglo XXI, la mayor presencia de
instrumentos de comunicación ya
constatados en el tráfico jurídico privado por
medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. Entre ellos, el uso de la firma
electrónica y el reconocimiento de las
entidades prestadoras de servicios de
certificación, sin menoscabo de la
autenticidad del documento y de la
recepción por el interesado.
